Situación actual.- La Justicia Dominicana inició, hace aproximadamente tres años, un proceso de transformación respondiendo así al clamor popular frente a un sistema anquilosado que no daba respuestas a las necesidades que la realidad del país planteaba.

          El sistema legal dominicano tiene sus raíces en las tradiciones francesas, desde la ocupación haitiana (1822-1844). Los Códigos Civil y Penal franceses napoleónicos estuvieron vigentes en el país desde entonces, primero en lengua francesa, luego traducidos al español y “dominicanizados” tenuemente por el Congreso en 1867. El Código de Procedimiento Criminal, de idénticas raíces, está vigente desde 1884.

          El país, desde entonces, no había experimentado reformas importantes en el sector justicia. Y no se trataba tanto de la edad de los textos como de la vigencia de los principios rectores que los orientan y del sistema administrativo en que se apoyan para su desarrollo.

          Sin embargo, uno de los éxitos que está experimentando la República Dominicana en estos últimos años es precisamente el proceso de modernización y reforma del históricamente corrupto y eternamente moribundo sistema judicial. En este tiempo, y bajo el lema de que la reforma y modernización de la justicia es una prioridad nacional, se ha asumido que ésta tiene que abordarse como un problema de Estado. De este modo, la situación actual se caracteriza por el acuerdo que comparten todos los involucrados en el sector en la necesidad de desarrollar nuevas alternativas, ante la incapacidad del sistema anterior para responder apropiadamente a su misión constitucional.

          La situación era muy compleja, pues había dudas sobre los modelos que debían aplicarse, sobre las opciones que debían adoptarse, las estrategias más convenientes para el país, los aspectos que debían recibir una atención prioritaria, todo dentro de un panorama en que cada tema parecía requerir una urgencia apremiante. Estos problemas, sin embargo, han sido simples escollos en un proceso imparable, que se ha ido resolviendo mediante la interactuación de todas las instituciones actoras del sector, concertando voluntades e impulsando los esfuerzos hacia un objetivo común.

          El proceso de reformas comenzó en 1994 con la reforma constitucional, mediante la que se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, que permitió la elección, en agosto de 1997 y mediante un proceso transparente, participado por la sociedad civil y público, de una Suprema Corte de Justicia independiente y desvinculada de los procesos electorales. Desde su elección ha trabajado intensamente en el reemplazo de jueces ineficaces y corruptos, y su sustitución por nuevos jueces en todos los escalones de la jurisdicción, fueron confirmados el 22% de los anteriores. Esta selección de nuevos jueces también se llevó a cabo  mediante un proceso público y transparente, basándose en el mérito y en la capacidad personal, y parece que el resultado ha sido positivo, en cuanto se ha elevado el nivel de calidad de los jueces. También se creó la Escuela Nacional de la Judicatura, que asumió los procesos de formación de los jueces, y se comenzó a poner en marcha la Dirección General de la Carrera Judicial, con el cometido de administrar y gestionar la Carrera. Se acondicionaron y mejoraron diversas infraestructuras judiciales y se realizó el inventario de bienes inmuebles del estado en diversos distritos judiciales.

          Las autoridades dominicanas fueron conscientes en todo momento de que reformar y modernizar la Justicia era una tarea ardua y compleja, en la que tenían que participar las diferentes instituciones y poderes estatales que interactúan en el sistema de la administración de justicia. A tales efectos, el proceso de reformas se ha caracterizado por dos circunstancias: la primera, que las distintas instituciones han ido abandonando su posición anodina, su condición de sometimiento a los demás poderes del Estado, convirtiéndose en protagonista de su propio proceso de transformación. La segunda, que se ha considerado imprescindible la coordinación y búsqueda de espacios para la reflexión conjunta, para coordinar acciones, concertar voluntades e impulsar esfuerzos hacia el objetivo indicado.

          Cada una de las instituciones presentes en el sector justicia ha abordado un proceso de reformas integrales en el que se han obtenido ya algunos logros importantes.

          Además de lo reseñado anteriormente la Suprema Corte ha puesto en marcha proyectos de mejoramiento de la gestión de los despachos judiciales, de implementación de sistemas informáticos de gestión judicial, de agilización de procesos en curso y de capacitación de los servidores judiciales, y está poniendo en marcha instituciones y tribunales especializados y creados hace años por ley, como el Código del Menor, creando diez jurisdicciones especializadas de niños, niñas y adolescentes.

          El Ministerio Público, por su parte, además de la puesta en marcha de un programa de actualización permanente y continuo de fiscales, ha creado el Departamento de Protección Especial de la Mujer, el de Familia y Menores y el de Protección Intelectual; ha especializado el Servicio de Fiscalía contra la violencia doméstica; se han abierto y puesto en marcha despachos de fiscalías en destacamentos policiales, consiguiendo que los ciudadanos puedan ser atendidos directamente por el Ministerio Público en estos destacamentos, y se han designado representantes de la fiscalía en las prisiones; se ha creado un sistema de información y orientación al ciudadano en la Fiscalía de Distrito Nacional, y se ha constituido el Departamento de Prevención de la corrupción de la Procuraduría General de la República. De otro lado, se han activado proyectos de mejora de la gestión de despachos en las Fiscalías, mejorando las prácticas y agilizando los procesos judiciales; se ha creado el área administrativa en la Procuraduría Fiscal de Distrito Nacional, y se ha elaborado el Proyecto de Ley de Estatuto de Ministerio Público.

          El poder ejecutivo, mediante Decreto 104-97, impulsó la revisión y actualización de los Códigos nacionales, para su adecuación a los nuevos tiempos, de forma tal que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática. Se crearon Comisiones revisoras de los Códigos Civil, Penal, de Comercio, de Procedimiento Civil y de Procedimiento Criminal, habiendo sido presentados ya los Proyectos.  También el poder ejecutivo ha mejorado el respeto por la ejecución presupuestaria del Poder Judicial, y ha dado apoyo para acceder a préstamos internacionales para el sector justicia y ha promovido la ayuda internacional para ese sector.

          Desde el poder ejecutivo, el Comisionado de Apoyo a la reforma y Modernización de la Justicia, ha estado respaldando todo este proceso, proponiendo políticas, programas y planes a los actores del sector justicia del país, apoyando los programas en los que los actores de la justicia demanden su colaboración, realizando diagnósticos que permitan identificar problemas y prioridades, buscando financiamiento para los proyectos, generando consensos y espacios de diálogo, promoviendo el tema de la reforma y modernización del sistema de administración de justicia, y apoyando iniciativas de la sociedad civil que se correspondan con su misión y roles.

          Algunas de las iniciativas impulsadas especialmente destacables durante este período ha sido la puesta en marcha de un programa de defensa pública jurídica para los más vulnerables, los que carecen de recursos para pagar la asistencia de un abogado; el impulso de la tarea desarrollada por las Comisiones revisoras y actualizadoras de los Códigos Nacionales; la realización de distintos Proyectos de Modernización de Tribunales; la elaboración de publicaciones jurídicas; la gestión del Programa de actualización para magistrados del Ministerio Público; y el apoyo al sistema de administración de justicia de niños, niñas y adolescentes.

          Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial.- En este contexto la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Consejo General del Poder Judicial está desarrollando desde 1999 con la Suprema Corte de Justicia el Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial.

          Su objetivo general consiste en apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho mediante una pronta y eficaz administración de justicia, fortaleciendo institucionalmente la Suprema Corte de Justicia, lo que se consigue mejorando los sistemas de administración y manejo de la Carrera Judicial y su marco reglamentario, contribuyendo al desarrollo de la Escuela Nacional de la Judicatura y fortaleciendo la independencia judicial por medio de la formación continuada, permitiendo ello una mejor garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales ante el sistema de justicia.

          En el área de Carrera Judicial se pretende fortalecer la Dirección General de Carrera Judicial, procurando el apoyo técnico para conseguir tanto el desarrollo del marco reglamentario de la Ley de Carrera Judicial como la instalación e implementación de la Dirección General de Carrera Judicial de la Suprema Corte de Justicia.

          Se ha elaborado el Proyecto de Reglamento de Carrera Judicial, junto con un equipo nacional designado por la Suprema Corte de Justicia, tras un estudio profundo y un conocimiento de las necesidades y prioridades determinadas por ella. El proceso ha tenido un gran consenso complementado con la celebración en noviembre del pasado año de un Seminario de la Carrera Judicial sobre cuatro aspectos de la misma: Inspectoría Judicial, Evaluación, Régimen Disciplinario y Seguridad Social, en el que participaron expertos iberoamericanos y españoles. Con todo ello se consiguieron valiosas aportaciones y que todos los actores se sintieran implicados, dotando al proceso de transparencia. Posteriormente se desarrollo una consultoría sobre el sistema general de carrera y otra sobre Seguridad Social. El Proyecto definitivo, enriquecido con todo ello, fue presentado a la Comisión del Pleno de la Suprema el 5 de febrero, y tras un estudio detallado por la misma se va a producir su aprobación en breve, y su posterior publicación y difusión. Al mismo tiempo continua la elaboración del Proyecto de Reglamento de Carrera Administrativa.

          Culminada esta fase de aprobación del Reglamento, y en paralelo a todo lo señalado, la cooperación española continuará en este área con la implementación de la Carrera Judicial. Esto se va a realizar en el marco de una segunda parte del Proyecto, que comenzará una vez se apruebe el Reglamento y tendrá una duración de un año, la propia Suprema detectó la necesidad de continuar trabajando este área en los meses que quedaban para finalizar el Proyecto y se pidió un aporte complementario que fue concedido.

          Este proceso se visualizaba desde el comienzo del Proyecto como una primera fase. Es obvio que una vez aprobado el Reglamento se hace necesario apoyar el proceso de implementación de la carrera judicial, en particular en cuanto a sus órganos e instituciones más importantes, de manera que se rentabilicen al máximo los esfuerzos realizados por todos hasta el momento. Y lo que se pretende es acompañar el proceso de instalación y entrada en labores de los órganos administrativos definidos en este marco normativo, que están llamados a dirigir la carrera judicial, a gestionarla, a evaluarla y a controlarla.

          El Proyecto pretende centrarse en la instalación de los órganos técnicos más relevantes definidos en la Ley y Reglamento de la Carrera Judicial. Estos son: Sistema de carrera judicial (manejo administrativo, selección, concursos, nombramientos, traslados,…), Sistema de inspección de juzgados y tribunales, Sistema de evaluación del desempeño, y Sistema de responsabilidad disciplinaria.

          En cuanto a la Escuela Nacional de la Judicatura el objetivo era prestar un apoyo técnico importante en varias áreas. Así como ejecutar un proceso de formación de jueces dominicanos en materia de garantías constitucionales, estableciendo un sistema que garantice que fiscales y defensores públicos puedan beneficiarse de las acciones que se lleven a cabo. 

          En este proceso se está diseñando el Curso mediante un entorno virtual, siguiendo el proceso metodológico instaurado en la Escuela, a través de los Comités de Necesidades, Planificación y Docencia. Ha sido la primera experiencia práctica de la Escuela en el diseño de un curso siguiendo la metodología aprobada por el Consejo Directivo. En la elaboración de los materiales han participado autores dominicanos y españoles. Se eligió un sistema de formación a distancia para hacer más flexible el acceso a la misma por parte de los jueces,  de forma que no tienen que desplazarse y acomodan el horario que más les convengan. Antes de tomar la decisión de hacerlo mediante una intranet se consultó los medios, conocimientos e interés en el sistema resultando altamente positivo. Del éxito de esta primera experiencia va a favorecer que puedan hacerse más cursos a través de este sistema multiplicando la oferta que puede llegar a dar la Escuela Nacional de la Judicatura, y llegando a un gran número de jueces.

          Todas las cuestiones de tipo técnico se están realizando con la Universitát Oberta de Catalunya, Universidad con la que el Consejo del Poder Judicial tiene una amplia experiencia de colaboración, que se destaca por ser pionera en este sector, por su seriedad y compromiso. Actualmente se está instalando ya el campus virtual y el  inicio del curso está previsto para septiembre.

          Para rentabilizar al máximo todo, está en proyecto implantar otro curso, teniendo en cuenta que hay fondos disponibles en esta área, de manera que pueda llevarse a cabo el próximo año, junto con la repetición del de Garantías Constitucionales.

          Apoyando a la Escuela en sus tareas organizativas se está desarrollando un Proyecto sobre Sistema de Administración de Seminarios y un Proyecto sobre Documentación de Procesos y Funciones, que tiene como objetivo elaborar unos manuales de funciones y procedimientos, y la implementación de los mismos. 

          Además de todo ello se ha fortalecido el sistema bibliográfico judicial de la Suprema Corte de Justicia y de Santiago, de nueva creación, que disponen de fondos bibliográficos y de repertorios jurisprudenciales españoles a disposición de todos los jueces. Asimismo se ha hecho una petición especializada de libros de Derecho Constitucional con el fin de crear una buena biblioteca especializada en este tema en Santiago y en Santo Domingo, y fortalecer el Curso que se está implementando. 

          Por los logros conseguidos hasta el momento y el escenario previsto, el Proyecto finalizará según lo previsto con el cumplimiento de todos los objetivos marcados en su inicio, y ello gracias al esfuerzo, dedicación y compromiso de todos los actores implicados. Como ya he dicho continuará la segunda parte, que implementará la Dirección General de Carrera Judicial.

          Además de todo ello la Cooperación Española y el Consejo del Poder Judicial en los próximos años continuarán complementando y desarrollando las áreas actuales, Carrera Judicial y Escuela Nacional de la Judicatura, prestando asistencia técnica y acompañando en todo el proceso a la Suprema Corte de Justicia con la finalidad de rentabilizar todos los esfuerzos realizados hasta el momento y conseguir unos mejores resultados. Así la cooperación redundará en beneficio de los jueces, mejorando su capacidad profesional mediante los programas de formación; la Suprema Corte de Justicia, en cuanto que tanto la Dirección General de Carrera Judicial como la Escuela Nacional de la Judicatura están fortaleciéndose organizacionalmente; el sistema de administración de justicia, en cuanto que contará con un grupo de jueces mejor formados para el desempeño de sus funciones; el poder judicial en su conjunto al implementarse un sistema de carrera judicial basado en los principios de acceso por mérito y capacidad, objetivo y transparente, y de inamovilidad en la función jurisdiccional; y, por último, beneficiario indirecto será toda la ciudadanía en su conjunto, debido al más eficiente comportamiento profesional de los jueces y contar con un sistema más respetuoso con los derechos humanos fundamentales.