El debate sobre la regulación del acceso a la profesión de abogado y la posibilidad de hacer obligatoria la pasantía constituye uno de los temas más polémicos de la abogacía española. Así se reflejó el pasado fin de semana en el III Congreso de la Abogacía Aragonesa celebrado en Teruel, donde la oficialización de la pasantía sólo salió adelante con dos votos de diferencia. 

          «A pesar de las apariencias, no hay tanta disparidad de criterios, porque lo que se discutía realmente es cómo se regulaba y a quién correspondía el control de estas prácticas, si era a los colegios o a la Administración. Creo que entre los abogados existe un acuerdo casi unánime sobre la necesidad de la pasantía», dice Miguel Ángel Aragüés, gerente de[ Colegio de Abogados de Zaragoza, quien fue pasante con el letrado Fernando López Bazán durante cinco años. 

          El término pasantía procede de pasar a limpio, que era lo. que hacían los aprendices de abogados con los escritos jurídicos de su principal cuando realizaban su período de prácticas, Así se aprendía entonces el oficio del Derecho. 

          Hasta el siglo XIX. y entrado el XX, la pasantía era obligatoria, o, en su defecto, cualquier otra práctica de aprendizaje. Antes de acceder a la profesión, los licenciados tenían que pasar por un examen que realizaba la institución antecesora de la antigua Audiencia Territorial. 

          La actual falta de regulación no significa que hayan dejado de existir los pasantes. Casi todos los abogados con ejercicio han pasado por ello, ahora de forma voluntaria, pero la falta de regulación siempre ha originado polémicas y problemas, que ahora se han agudizado con la integración europea. 

          La directiva europea de libre establecimiento deja a los abogados españoles en una situación de inferioridad respecto a sus colegas continentales. Esta norma permite a los letrados de la comunidad instalarse en cualquier país de la Unión Europea siempre que tengan la licenciatura de Derecho, estén colegiados y reúnan los requisitos exigidos en el país donde pretendan ejercer. 

          España es el único país de la UE que no tiene regulado el acceso a la abogacía, por lo que cualquier licenciado europeo puede ejercer en España si se colegia. Los españoles tendrán que pasar un examen o prueba antes de hacerlo. Es decir, un letrado de Pau puede ejercer en Huesca, pero un oscense no puede hacerlo en la demarcación judicial francesa. 

          Las soluciones al problema ya están previstas, y la regulación del acceso a la profesión se contempla en el borrador del futuro Estatuto de la Abogacía, que duerme en algún cajón del Ministerio de Justicia desde hace seis años, por una serie de problemas políticos indeterminados. 

          Esta situación crea inseguridad a los futuros licenciados, que no saben a qué atenerse. Cada vez que se menta la pasantía obligatoria, las aulas de la Facultad de Derecho se revuelven, como ocurrió hace poco más de un mes al propagarse falsamente que el Ministerio de Justicia estaba estudiando un proyecto de ley en este sentido. 

          Los abogados coinciden en señalar que el problema está en la indefinición y en que la regulación es necesaria, bien mediante la pasantía, con estudios de postgrado en escuelas de práctica jurídica o con cualquier otra vía que se arbitre. 

          El abogado Javier Fort, licenciado en 1987 y con cuatro años de pasante en el despacho de Enrique Laguna, considera que urge la regulación. «Cuando sales de la facultad no sabes ni hacer un escrito de denuncia, porque nadie te lo ha enseñado. Con la pasantía aprendes incluso a tratar con los clientes e incluso con los funcionarios de los juzgados. Todo ello es necesario para practicar la abogacía y hay que aprenderlo en algún sitio». 

          La regulación y el control evitaría posibles abusos que, en opinión de Aragüés, «son la excepción». La otra ventaja de oficializarla es la equiparación profesional con Europa. 

          A partir de ahí, el debate se centrará en la duración de las prácticas, la remuneración de las mismas y el acceso desde la universidad, cuestiones que abren muchas incógnitas y deben someterse a estudio. 

          La abogada Celia Gil Laguna, licenciada en 1987 en Zaragoza, y tres años de pasante en el despacho de José Antonio Ruiz Galbe, responde a estos problemas. “Una vez que sea obligatoria y esté regulada, se podrá atender a la calidad de la pasantía y no a su duración. Recuerdo que yo asistía a cuatro juicios diarios. La pasantía fue en realidad un  master para mí y lo hice gratis”. 

          Respecto al otro problema a debate, la remuneración, Celia Gil añade que “En Francia se paga la pasantía y muy bien. Esto ha creado una figura que no existe en España, la de oficial de despacho, que renuncia a ejercer la abogacía y continúa en el bufete. Es otros países de Europa pasa lo mismo. Aquí también tienen que pagarse las prácticas”. 

          El problema de la remuneración económica puede ser el de la dependencia laboral que genera, con riesgo de demandas y conflictividad. Las últimas sentencias de tribunales datan de hace más de diez años y coincidían al establecer que la pasantía no pagada no genera ningún tipo de relación laboral. 
  
  

          Carlos Carnicer, decano del Colegio de Abogados considera “ilógico” que España sea el único país europeo que no tiene regulado el acceso al ejercicio de la abogacía. “Con la situación actual, es perfectamente posible que una persona que se acaba de licenciar en Derecho defienda al mes siguiente un recurso de apelación ante el Supremo o a un ciudadano para el que se pide una condena de 20 años de cárcel”, explica. 

          La posición de los abogados aragoneses quedó definida en el congreso que celebraron la pasada semana en Teruel. La pasantía debe ser hoy obligatoria o, en su defecto, deben regularse otras formas de acceder al ejercicio de la profesión. 

          Miguel Ángel Aragüés, abogado y gerente de Colegio, recuerda que los cambios experimentados con el boom de los estudios de Derecho han creado nuevas necesidades. «La universidad prepara juristas, no letrados. Hasta hace unos años, el 99% de los abogados pertenecían a familias de juristas y el aprendizaje lo hacían con sus mayores. Ahora, cada año salen en Zaragoza 150 licenciados y no hay bufetes preparados para acoger tantos pasantes, con lo que se imponen las escuelas de prácticas». 

          Esta preparación se hace más necesaria ante la complejidad de las nuevas leyes, como la de Enjuiciamiento Civil, con unos plazos que pueden generar conflictos. Enrique Laguna, abogado de la compañía de seguros que tiene contratada con el colegio la póliza colectiva de responsabilidad civil defiende una media de ocho casos con abogados implicados cada año en Zaragoza. El letrado explica que «aunque los afectados son a veces abogados con años de ejercicio, la mayoría tiene poca experiencia. En estos casos es cuando se comprende la necesidad de aumentar la formación profesional».