El Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía han acordado una reforma parcial del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita que supondrá que Justicia asuma los gastos de gestión e infraestructura del turno de oficio. 

          El acuerdo, que debe ser ratificado por el Ministerio de Economía y Hacienda, supone el aumento en más de mil millones de pesetas en la dotación presupuestaria correspondiente al año 2000 para el’ turno de oficio y los servicios de orientación jurídica. 

          Si se aprueba la reforma, la partida destinada este año a este capitulo superará los 4.300.- millones, el 30 por ciento más de lo previsto en los presupuestos para el año 2000. 

          Este es el resultado de una negociación iniciada en junio entre el Consejo y el Ministerio de Justicia que todavía está abierta, ya que habrá que pactar más reformas del reglamento, aprobado en 1996, ya que este año entró en vigor la nueva Ley de Extranjería y en el 2001 lo harán la de Enjuiciamiento Civil y la del Menor. 

          En esta revisión se incluirá una partida destinada a los Colegios, de alrededor de cinco mil pesetas por cada expediente del Servicio de Orientación Jurídica que se tramite. 

          Por otro lado, el acuerdo firmado supone que las liquidaciones de los gastos y remuneración del turno de oficio, en vez de hacerse semestralmente como se viene haciendo hasta el momento, pasarán a ser trimestrales. 

          Otro de los cambios acordados será la modificación parcial del baremo de remuneración de los abogados que intervienen en el turno de oficio. Este baremo no se había modificado desde 1996, ni siquiera incrementando lo correspondiente a la subida del I.P.C. 

          El aumento de las cantidades no es suficiente, pero se considera asumible por el C.G.A. «ya que ha sido un paso adelante en el reconocimiento del trabajo de los abogados del turno de oficio». 

          Entre los cambios del baremo se encuentra, por ejemplo, el de la asistencia individualizada, que pasa de 9.000.- a 10.000.- pesetas, el recurso contencioso administrativo, que sube de 30.000.- a 33.000.- pesetas, o los casos relativos a la defensa de menores, que pasan de 18.000.- a 25.000.-. Estas tarifas se ha intentado adecuar al incremento del I.P.C. 

          En las negociaciones de este acuerdo se planteó también la reclamación de la abogacía de incluir la partida de los presupuestos del Ministerio de Justicia dedicados al turno de oficio en el apartado de gastos y no en el de subvenciones, como ha estado hasta ahora. Modificación que en su caso depende exclusivamente del Ministerio.